Hoy 30 de septiembre, una de las principales notas informativas es la de que los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial y Sustentable del Congreso del Estado revisarán las solicitudes hechas por desarrolladores al Ayuntamiento de la Capital.
Y tales legisladores, entre los que se menciona a Sonia Mendoza y a Rolando Hervert Lara, llegan al extremo de afirmar que “no se autorizarán peticiones aprobadas en fast track en el cabildo”.
Mendoza Díaz es presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, y ha sido diputada local y senadora. Sin embargo, eso no le importó a su colega Oscar Vera, quien ya la llamó “ignorante” en una sesión del pleno legislativo, y también le pidió: “no abuse de su ignorancia”.
Pero parece que han vuelto a abusar. De acuerdo a Eduardo Martínez Benavente, abogado, notario público, y ex diputado local por el PRD, los legisladores no tienen facultades para revisar la legalidad de tales autorizaciones de los fraccionamientos y condominios aprobados por los municipios.
Señala que, en todo caso, sería la Auditoría Superior del Estado (ASE) la que podría observar, en las auditorías que practica, las irregularidades e ilícitos en que pudieran haber incurrido los cabildos.
Precisa a esta columna: “Los ayuntamientos no tienen obligación alguna de remitir al Congreso los expedientes de las autorizaciones otorgadas, como han declarado algunos diputados”.
Estas últimas declaraciones de los nuevos legisladores electos, ponen de manifiesto el por qué en círculos de abogados y de ciudadanos bien informados ya empiezan a hacer mofa de tales representantes populares.
Todo debido a la ignorancia o falta de preparación, pues los títulos de doctorados honoris causa serán de intenciones muy nobles, pero no quitan a los agraciados lo jumentos cuando estos no estudian o no saben ni tener el buen tacto de asesorarse con los profesionistas adecuados.
Y si las cosas no mejoran en esta legislatura que empezó con hartas ganas de superar a sus nefastos predecesores, tales representantes populares estarán condenados a que les estén, de un sector y otro, impugnando sus burradas, su deshonestidad, y sus propuestas inviables.
Mientras que, en las pláticas de café, sobremesa u oficina, les endilgarán un día sí y otro también, la frase “oílos”, de moda hoy en memes y redes para referirse con ironía y burla a quienes dicen disparates, mentiras, o de plano alguna pendejada.
En la oficialía mayor del Congreso, el joven Edson Quintanar, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPA) nombró a una mujer que tiene título de ingeniería, y que por lo tanto no cuenta con una carrera afín al cargo, como exige la normativa interna, mucho menos, por supuesto, la señora va a tener los años de experiencia que exige el reglamento para ocupar el puesto.
Se trató pues de una clara violación a la ley. De una violación continuada, pues de una parte y otra se les ha dicho a los diputados que están transgrediendo sus propios lineamientos legales, pero parece que prefieren cargar con más desprestigio antes que componer el yerro.
Aquí más que ignorancia, es mera corrupción. Inmoralidad que vino precedida de una traición que el mismo Quintanar hizo a los miembros de su bancada de MORENA, donde de manera formal se comprometió a que sería otra la persona designada para tal cargo. Sin embargo, ya en la mesa de las decisiones, el diputado por Valles cambio el nombre acordado.
Se dice que lo hizo a petición del presidente de su partido, Sergio Serrano, cosa seguramente falsa, pues es inconcebible que un dirigente de tal categoría haya sugerido tal doble inmoralidad, que implicaba algo ilegal, sumado luego a la felonía de burlarse de la citada manera de la bancada en pleno de MORENA.
Después vino la propuesta de una diputada para hacer un exhorto a la PGR en torno al caso de Ayotzinapa. Lo cual no procedió, según se informó, porque no cumplía con la técnica legislativa. Estaba mal planteada la solicitud, se dijo. Los legisladores más experimentados, como Eugenio Govea, expresaron que se verían novatos con tal propuesta, pues no se podía exhortar a una institución como la citada a cumplir con algo que era su obligación.
Pero, cómo anda el conocimiento entre los diputados de su propia Ley Orgánica lo refleja el hecho de que, en una primera votación, la mitad de la asamblea estuvo a favor. Esto a pesar de que, se detalló después, el artículo 132 del citado ordenamiento dispone que los puntos de acuerdo en ningún caso podrán exhortar al cumplimiento de funciones previamente establecidas en la ley.
La primera votación dejó en claro que al menos la mitad de los diputados ni siquiera han leído su Ley Orgánica, ocupados como andan, recibiendo doctorados que graciosamente les conceden algunas instituciones educativas. En una segunda votación la propuesta fue rechazada.
Por su parte, Oscar Vera Fábregat, de plano novateó a la legisladora proponente, y le recomendó un libro para que aprendiera de técnica legislativa. La aludida, diputada de MORENA, es licenciada en Derecho, tiene maestría, y está estudiando un doctorado, pero igual parece haber incurrido en una pifia. Le ocurre a cualquiera, pero no debiera. Esto, por supuesto, es más grave que decir “ponido”.
