El grupo de empresarios que siempre ha detentado el poder en el Estado comenzó hace un mes a preparar el terreno para reactivar sus propias empresas y pagarles las campañas políticas de 2021 a sus títeres con el de los potosinos.
A través de sus empleados -léase el gobernador Juan Manuel Carreras López y el alcalde panista Xavier Nava Palacios, entre otros miembros de sus respectivos gabinetes- y algunos medios informativos, los poderosos de San Luis comenzaron una estrategia para tratar de conseguir el aval del Congreso en un préstamo de 700 millones de pesos.
Quieren endeudar a los potosinos bajo el pretexto de apoyar la economía y comprar más insumos médicos para la lucha contra el Covid-19, aunque al parecer, su interés es aprovechar la pandemia para sacar dinero de donde se pueda y tenerlo listo para las campañas a gobernador y alcaldías, en 2021.
Este gobierno priista se caracterizó por la falta de obra pública. Siempre argumentó la falta de recursos y recortes presupuestales, pero de pronto, hace un mes aparecen columnas y notas periodísticas en los medios afines a los poderosos de San Luis, afirmando que las finanzas del Estado están muy sanas y que, si lo quisiera, el gobierno puede contraer deuda pública sin poner en riesgo las finanzas del Estado.
En un segundo acto, el gobierno carrerista impulsa al alcalde Xavier Nava Palacios por su nexos familiares y políticos con el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Lo sube al presídium en un inmejorable escenario de Covid-19 para recuperar la aprobación ciudadana -actualmente 7 de cada 10 ciudadanos lo desaprueban- y le permite hacer actos públicos congregando personas contraviniendo las indicaciones de las autoridades de salud.
En un tercer acto, los poderosos convocan a colegas y empleados corporativos del sector empresarial e industrial para que lancen una cortina de humo llamada “Por San Luis…un grano de arena”: un video sin forma ni fondo pero que se disemina en medios informativos propiedad de los poderosos para difundir entre la sociedad “unidad” y alineación del sector productivo con todo lo que haga y desee hacer el buen gobierno carrerista.
A la par, el gobierno presenta su “Estrategia de Reinicio Escalonado de las Actividades Económicas y Finanzas Públicas en S.L.P.” que no es más que un pretexto para endeudarse con 700 millones de pesos para usarlos “en equipamiento médico” y apoyos al sector industrial y comercial, cuyas empresas, industrias y comercios en su mayoría pertenecen a ese grupo de poderosos que no quieren poner de su bolsillo para recuperarse de la crisis económica ni para pagarle las campañas a sus próximos empleados en las administraciones siguientes.
Como desenlace de esta representación teatral de la nueva deuda pública, los poderosos dan instrucciones a la secretaria de salud Mónica Rangel Martínez para “prolongar” la pandemia en San Luis y, del 10 de mayo en que anunciaba que sería el tope de la crisis, ahora afirma que será hasta finales de mayo y hasta julio en que se estabilice la situación, para que el gobierno pueda justificar la necesidad de contraer deuda.
Cada fin de sexenio, los poderosos hacen lo mismo. Marcelo de los Santos les consiguió una tajada de mil 500 millones de pesos a pocos meses de terminar su mandato. Ahora la decisión está en manos del Congreso local -donde los poderosos también tienen alfiles-. Ojalá la oposición demuestre oficio político y rechace la deuda.
