{"id":9176,"date":"2019-07-30T12:26:12","date_gmt":"2019-07-30T18:26:12","guid":{"rendered":"http:\/\/circulorojoslp.com\/?p=9176"},"modified":"2019-07-30T12:26:12","modified_gmt":"2019-07-30T18:26:12","slug":"los-delitos-cometidos-por-servidores-publicos-siguen-a-la-alza-en-san-luis-potosi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/circulorojoslp.com\/?p=9176","title":{"rendered":"LOS DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES P\u00daBLICOS SIGUEN A LA ALZA EN SAN LUIS POTOS\u00cd."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: black;\">En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la regi\u00f3n del Baj\u00edo, seg\u00fan el n\u00famero de denuncias presentadas ante la Fiscal\u00eda General del Estado por delitos cometidos por funcionarios.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">De acuerdo con las estad\u00edsticas del <strong>Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica<\/strong> (SNSP), entre enero y junio de 2019, a nivel nacional se han presentado 9 mil 317 denuncias por delitos cometidos por servidores p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">El estado con mayor n\u00famero de casos es la Ciudad de M\u00e9xico, con 2 mil 738, le sigue el Estado de M\u00e9xico con mil 394; en tercer lugar se ubica Nuevo Le\u00f3n con mil 128, en cuarto Baja California con 593; en quinto Chihuahua con 423 y en sexto, San Luis Potos\u00ed, con <strong>340 denuncias presentadas ante la fiscal\u00eda local<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: black;\">En la regi\u00f3n del Baj\u00edo, San Luis Potos\u00ed es l\u00edder en denuncias contra funcionarios<\/span><\/strong><span style=\"color: black;\">, pues los 340 casos reportados formalmente ante las autoridades superan con mucho a los de Zacatecas (150), Aguascalientes (74), Guanajuato (7) y Quer\u00e9taro (0)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">El<strong> C\u00f3digo Penal Federal<\/strong> enumera 13 conductas concebidas como delitos por parte de los funcionarios p\u00fablicos, estas son: Ejercicio indebido del Servicio P\u00fablico; Abuso de Autoridad; Desaparici\u00f3n forzada de personas; Coalici\u00f3n de servidores p\u00fablicos; Uso Indebido de atribuciones y facultades; Concusi\u00f3n; Intimidaci\u00f3n; Ejercicio abusivo de funciones; Tr\u00e1fico de Influencia; Cohecho; Cohecho a servidores p\u00fablicos extranjeros; Peculado; Enriquecimiento il\u00edcito.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">En d\u00edas pasados la Encuesta Nacional de Seguridad P\u00fablica Urbana (ENSU) en su edici\u00f3n de junio 2019, publicada por el Inegi, revel\u00f3 que el <strong>61.6 por ciento de los potosinos han experimentado actos de corrupci\u00f3n<\/strong> por parte de elementos policiacos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">El porcentaje de potosinos afectados por hechos de corrupci\u00f3n <strong>supera a la media nacional<\/strong>, de 47 por ciento, y posiciona a San Luis en el grupo de las ciudades m\u00e1s corruptas en el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">Adem\u00e1s, la ENSU indic\u00f3 que el 14.76 por ciento de los potosinos de 18 a\u00f1os y m\u00e1s que tuvo contacto directo con alg\u00fan servidor p\u00fablico experiment\u00f3 alg\u00fan acto de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">El 15 de enero pasado, la <strong>Comisi\u00f3n de Puntos Constitucionales de la C\u00e1mara de Diputados<\/strong> aprob\u00f3 con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el Art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para incorporar al cat\u00e1logo de delitos que ameritan prisi\u00f3n preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupci\u00f3n, trat\u00e1ndose de enriquecimiento il\u00edcito y ejercicio abusivo de funciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">Este ha sido un paso importante en el combate a la corrupci\u00f3n a nivel nacional, y en el futuro se espera ver a un mayor n\u00famero de funcionarios procesados, aunque a decir verdad a\u00fan falta mucho por hacer en las entidades federativas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">En d\u00edas pasados, <strong>Jos\u00e9 Octavio L\u00f3pez Presa<\/strong>, presidente del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n (SNA), en entrevista con la Agencia Notimex se\u00f1al\u00f3 \u00abque a\u00fan hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupci\u00f3n, como la<strong> Ciudad de M\u00e9xico, Campeche, Chiapas y San Luis Potos\u00ed<\/strong>. Los 28 restantes est\u00e1n trabajando con los siete integrantes que los conforman, entre los que destaca el presidente de Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana (CPC). Un ciudadano que tiene la titularidad del sistema en cada entidad.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">\u201cHay carencia de voluntad pol\u00edtica para terminar de crear los sistemas estatales\u201d, expuso L\u00f3pez Presa, seg\u00fan el reporte de Notimex, \u00abme extra\u00f1a de la Ciudad de M\u00e9xico, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su \u00f3rgano garante de la voluntad ciudadana\u201d, critic\u00f3.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">Refiri\u00f3 que \u00aben el caso de San Luis Potos\u00ed, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de M\u00e9xico la falta del fiscal anticorrupci\u00f3n impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisi\u00f3n en la homologaci\u00f3n de las leyes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">\u00abTambi\u00e9n se ha observado que el proceso de integraci\u00f3n de las fiscal\u00edas estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><b><span style=\"color: black;\">Participaci\u00f3n ciudadana en el combate a la corrupci\u00f3n<\/span><\/b><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">El <strong>Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n<\/strong> (SNA) comenz\u00f3 a operar el 19 de julio de 2016, y tiene como base la colaboraci\u00f3n estrecha entre ciudadanos y titulares de entes p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">La intervenci\u00f3n de los ciudadanos en este esquema implica la integraci\u00f3n de un Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana formado por cinco personas, que es elegido por una comisi\u00f3n de nueve ciudadanos, que a su vez fueron designados por los congresos locales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">En el caso del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n \u00abQuien encabece el Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana es quien ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, integrado por los titulares de la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica, de la Fiscal\u00eda Especializada en el Combate a la Corrupci\u00f3n, el responsable de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales y un representante de la Judicatura Federal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">Este mismo esquema se replica en los 32 estados del pa\u00eds, con los titulares de las dependencias correspondientes, conform\u00e1ndose como Sistema Estatal Anticorrupci\u00f3n, que tambi\u00e9n es presidido por un ciudadano del <strong>Comit\u00e9 de Participaci\u00f3n Ciudadana<\/strong> (CPC).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: black;\">Sin embargo, en el caso de San Luis Potos\u00ed, el Comit\u00e9 Ciudadano <strong>sigue sin operar debido a que no ha sido conformado legalmente<\/strong>.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el primer semestre de 2019, la entidad potosina se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, y primero en la regi\u00f3n del Baj\u00edo, seg\u00fan el n\u00famero de denuncias presentadas ante la Fiscal\u00eda General del Estado por delitos cometidos por funcionarios. 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