Un abogado fue sentenciado a m\u00e1s de mil a\u00f1os de prisi\u00f3n por un fraude inmobiliario que afect\u00f3 a 107 familias en Le\u00f3n y deber\u00e1 reparar el da\u00f1o econ\u00f3mico.
\nEl Fraude inmobiliario protagonizado por el responsable del despacho jur\u00eddico Punto Legal concluy\u00f3 con una de las resoluciones judiciales m\u00e1s relevantes registradas en Guanajuato. Un tribunal sentenci\u00f3 a Edgar Francisco Franco R\u00edos a una pena acumulada de mil 18 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n por el delito de fraude, adem\u00e1s de ordenar el pago de casi 30 millones de pesos por concepto de reparaci\u00f3n del da\u00f1o material, moral y los perjuicios ocasionados a las v\u00edctimas.
\nDe acuerdo con la Fiscal\u00eda General del Estado (FGE), la resoluci\u00f3n representa una \u00absentencia hist\u00f3rica\u00bb debido al alcance del caso y al n\u00famero de personas afectadas. En total, 107 familias de Le\u00f3n denunciaron haber perdido parte de su patrimonio tras adquirir viviendas que fueron ofrecidas como supuestos remates bancarios mediante un esquema que, seg\u00fan la investigaci\u00f3n ministerial, utiliz\u00f3 informaci\u00f3n enga\u00f1osa.
\nFraude inmobiliario afect\u00f3 a m\u00e1s de un centenar de familias
\nLas investigaciones de la Fiscal\u00eda establecieron que el despacho jur\u00eddico Punto Legal ofrec\u00eda inmuebles bajo la modalidad de presuntos remates bancarios, una alternativa que suele despertar inter\u00e9s entre personas que buscan adquirir una vivienda a un costo menor al del mercado.
\nSin embargo, durante el proceso judicial el Ministerio P\u00fablico sostuvo que los inmuebles ofrecidos no pod\u00edan venderse bajo esas condiciones y que, adem\u00e1s, no exist\u00eda facultad legal para comercializarlos ni se encontraban involucrados en procesos judiciales que justificaran su oferta como remates.
\nSeg\u00fan la informaci\u00f3n presentada ante el tribunal, un total de 107 personas resultaron afectadas por este esquema, situaci\u00f3n que deriv\u00f3 en diversas querellas y en una investigaci\u00f3n que culmin\u00f3 con la sentencia condenatoria.
\nLa sentencia supera los mil a\u00f1os de prisi\u00f3n
\nLa Fiscal\u00eda inform\u00f3 que Edgar Francisco Franco R\u00edos recibi\u00f3 dos sentencias condenatorias derivadas de distintos procesos relacionados con el mismo caso.
\nLas penas quedaron integradas de la siguiente manera:<\/p>\n
438 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n en una sentencia.
\n580 a\u00f1os de prisi\u00f3n en una segunda resoluci\u00f3n.<\/p>\n
Con ello, la penalidad acumulada alcanz\u00f3 mil 18 a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n, una cifra que llam\u00f3 la atenci\u00f3n por su magnitud.
\nNo obstante, la propia Fiscal\u00eda record\u00f3 que la legislaci\u00f3n penal vigente en Guanajuato establece un l\u00edmite m\u00e1ximo de 80 a\u00f1os para el cumplimiento efectivo de una pena privativa de la libertad. Aun as\u00ed, destac\u00f3 que el valor de la resoluci\u00f3n radica en el reconocimiento judicial de cada uno de los hechos acreditados y en las medidas adoptadas para reparar el da\u00f1o ocasionado a las v\u00edctimas.
\nLa reparaci\u00f3n del da\u00f1o fue uno de los puntos centrales
\nAdem\u00e1s de la pena de prisi\u00f3n, el tribunal estableci\u00f3 distintas cantidades que deber\u00e1n cubrirse como parte de la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o.
\nDe acuerdo con la Fiscal\u00eda, el sentenciado deber\u00e1 pagar:<\/p>\n
29 millones 923 mil 100 pesos por da\u00f1o material.
\n3 millones 326 mil 490 pesos por da\u00f1o moral.
\n148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados.<\/p>\n
La instituci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que continuar\u00e1 dando seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones, al considerar que la restituci\u00f3n econ\u00f3mica constituye uno de los aspectos m\u00e1s importantes para las familias afectadas.
\nLa autoridad tambi\u00e9n destac\u00f3 que el trabajo realizado por el Ministerio P\u00fablico busc\u00f3 no solamente acreditar la responsabilidad penal, sino procurar que las v\u00edctimas obtuvieran una reparaci\u00f3n por las p\u00e9rdidas sufridas.
\nLa investigaci\u00f3n acredit\u00f3 el esquema utilizado
\nDurante el juicio, la Fiscal\u00eda expuso que el responsable utiliz\u00f3 diversos mecanismos para convencer a las personas interesadas de adquirir viviendas que eran presentadas como oportunidades derivadas de remates bancarios.
\nLas investigaciones ministeriales sostuvieron que el acusado ofrec\u00eda inmuebles sobre los cuales no ten\u00eda autorizaci\u00f3n legal para realizar operaciones de compraventa. Asimismo, se indic\u00f3 que las propiedades tampoco se encontraban sujetas a procedimientos judiciales que respaldaran las condiciones bajo las cuales eran promocionadas.
\nLa autoridad explic\u00f3 que las pruebas permitieron demostrar una conducta reiterada que afect\u00f3 de manera consecutiva a las personas denunciantes, quienes confiaron en las ofertas presentadas por el despacho jur\u00eddico.
\nFiscal\u00eda destaca el impacto en las v\u00edctimas
\nOtro de los elementos que form\u00f3 parte del proceso judicial fue la valoraci\u00f3n del impacto econ\u00f3mico y personal que el caso tuvo sobre las familias involucradas.
\nLa Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico acredit\u00f3 ante el tribunal las consecuencias que el fraude gener\u00f3 en el patrimonio y la estabilidad de las personas afectadas. Con base en esos elementos, el \u00f3rgano jurisdiccional emiti\u00f3 las resoluciones correspondientes los d\u00edas 26 y 30 de junio.
\nEl organismo calific\u00f3 el fallo como una resoluci\u00f3n hist\u00f3rica al considerar que reconoce los derechos de las v\u00edctimas y establece mecanismos para la recuperaci\u00f3n del da\u00f1o econ\u00f3mico y moral derivado del caso.
\nEl Fraude inmobiliario registrado en Le\u00f3n concluye as\u00ed una de sus etapas judiciales m\u00e1s importantes con una sentencia que re\u00fane una pena acumulada superior a los mil a\u00f1os de prisi\u00f3n y una obligaci\u00f3n econ\u00f3mica cercana a los 30 millones de pesos para reparar los da\u00f1os ocasionados. Mientras la Fiscal\u00eda mantiene el compromiso de vigilar el cumplimiento de la resoluci\u00f3n, este caso se convierte en un referente por el n\u00famero de v\u00edctimas involucradas y por el alcance de las medidas dictadas por el tribunal en materia de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o derivado del Fraude inmobiliario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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