Que los 303 funcionarios potosinos acusados de raterías con el presupuesto público, y los 39 de estos ya vinculados a proceso, están muy contentos con el celo y encubrimiento que de sus casos hace la diputada Marite Hernández Correa.
Esta representante de MORENA es la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, instancia encargada de vigilar, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que no se roben el dinero de los ciudadanos, y que quienes lo hagan paguen por ello.
Pero resulta que en su desempeño la titular de esta Comisión no se diferencia de los viejos y mañosos diputados del PRI y del PAN que la han ocupado en el pasado.
Cuando se esperaba una postura más transparente, y estricta a la hora de cuidar el dinero de los potosinos, lo que se está viendo es que Hernández Correa es opaca para dar información, y complaciente, muy celosa de no molestar ni con una leve mención a esos 303 imputados.
No solo se ve ya como tapadera en tal Comisión de Vigilancia, sino que tiene molestos a los reporteros porque les oculta información con el pretexto de que se debe guardar la secrecía de las investigaciones.
Pero eso es una falsedad, pues lo que se debe respetar es la presunción de inocencia y el debido proceso para los indiciados. Es decir, no se les debe señalar como culpables antes de que lo determine un juez.
Pero eso le sirve de pretexto a la diputada que como activista era una férrea defensora de la sociedad civil, pero como diputada es más adocenada, sumisa y convenenciera que cualquier diputado del viejo PRI.
Le critican que ella sea hoy en los hechos una encubridora de funcionarios y ex funcionarios delincuentes, al tratarlos con sumo respeto y no molestar a ninguno de ellos ni con el pétalo de una mención sobre expedientes y acusaciones.
Muestra de ese comportamiento lo tuvo Marite Hernández el jueves 15 de agosto, cuando la Comisión de Vigilancia realizó una reunión con los responsables de perseguir la corrupción de delincuentes que han ocupado cargos públicos.
Entre ellos se encontraban el fiscal Federico Garza, el fiscal anticorrupción Jorge Vera, la titular de la ASE, Rocío Cervantes, entre otros.
Esa era una oportunidad para que Hernández diera información al respecto, y exigiera a tales autoridades resultados efectivos en el combate a la corrupción, pues, aunque hay tres centenas de acusados, nadie está hoy en la cárcel.
Pero no ocurrió así, pues la señora Marite se portó más como una abogada de los acusados que como una representante popular, y dispuso una sesión a puerta cerrada, a fin de que la ciudadanía no se enterara de los desfalcos al erario y de los presuntos infractores.
Después siguió con la misma tónica, pues luego de esa reunión a espaldas de los medios, y ya cuando se permitió la entrada de los reporteros, Marite pidió a los periodistas que abandonaran la citada sesión que, por sentido común, debía ser pública.
Cuando los enviados de los medios la ignoraron, ella y otros diputados comparsas optaron por cambiar los temas hacia la delincuencia que no tiene relación con la función pública y los políticos.
¿Así o más claro?
La Ley Orgánica del Congreso establece en la fracción XVI del artículo 118 que tal Comisión de Vigilancia debe: “Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores o testigos sociales en las reuniones ordinarias de la Comisión; así como, en la realización de ejercicios de contraloría social en los que se articule a la población con las entidades fiscalizadas”.
Es posible que a estas alturas la diputada Marite ni siquiera haya leído tal obligación, y si lo hizo, le pasó de noche, pues ella más bien se encuentra haciendo lo contrario: ocultando, boicoteando información, encubriendo.
Su desempeño al frente de esa Comisión de Vigilancia es corrupto, incompetente.
