Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito, celebraron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mostró en contra de los proyectos inmobiliarios en esa zona de la ciudad, impulsados por los empresarios Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.
El viernes pasado, en su evento de Plaza de Fundadores, López Obrador sometió a consulta a mano alzada el tema de la urbanización en la Sierra de San Miguelito, a lo que se negaron los asistentes al mítin presidencial.
Según acusaron en redes sociales los comuneros de San Juan de Guadalupe, opuestos a la venta de 2 mil 69 hectáreas a López Medina y Tamayo Ibarra, el gobernador Juan Manuel Carreras solicitó a López Obrador la declaratoria de área natural protegida a la Sierra de San Miguelito, pero se refería únicamente a una declaratoria parcial, pues también pidió recursos para la construcción de una vía alterna al libramiento Rocha Cordero, que atravesaría la misma Sierra de San Miguelito.
“El gobernador intentó apropiarse del argumento crítico de los opositores a los fraccionadores. Antes del acto principal en la gira del presidente, Carreras sugirió la construcción de la vía alterna y en un desesperado intento por desactivar lo que sobrevendría durante el evento en Plaza de Fundadores”, dijeron los comuneros contrarios a la venta de los terrenos en la Sierra de San Miguelito.
Después de la consulta a mano alzada de López Obrador, el presidente de la República, manifestó que de inmediato instruiría a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se tomaran las decisiones pertinentes a la brevedad.
Antes del evento, los comuneros contrarios al proyecto del “Chato” López Medina le entregaron a López Obrador una carta que contenía los planteamientos contra el proyecto inmobiliario Reserva San Luis.
“El gobierno de Juan Manuel Carreras López y el Ayuntamiento de Xavier Nava Palacios son cómplices de este proyecto. Han marginado del área de estudio para el Proyecto de Declaratoria de Área Natural Protegida de competencia Estatal, precisamente las 2 mil 69 hectáreas pretendidas por la inmobiliaria Reserva SA de CV y otras 2 mil en perspectiva de segunda fase del mismo proyecto. Hacemos mención que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto con el Ipicyt y organizaciones ambientales, son subsidiados por los grupos fácticos afines al poder inmobiliario”, menciona la carta entregada al presidente de la República.
Por tanto, la carta solicitaba a López Obrador que “No se genere por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en las tierras pretendidas por el Grupo Reserva SA de CV identificado con Carlos López Medina, en tierras de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y Sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito”.
También pide que “se instruya a la Procuraduría Agraria Nacional, a efecto de se abstenga de emitir una opinión favorable a dicho proyecto, pues el mismo no tiene origen y sustento en el reglamento del artículo 75 fracción II de la Ley Agraria, que solo es aplicable a sociedades agrícolas Ganaderas y Forestales, jamás para empresas inmobiliarias”.
Las peticiones también incluyen que “se exhorte a integrantes de este gobierno federal y del Legislativo federal, para que no operen a favor de los grupos de desarrolladores enunciados, presionando a los integrantes de la Comunidad mencionada”.
El punto cuarto de las peticiones de los comuneros de San Juan de Guadalupe es que “Se ordene una investigación respecto al proyecto de la construcción de la Cortina de la Presa del Realito, su funcionamiento y actos de corrupción de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para favorecer el abasto de grupos inmobiliarios”.
La carta que se hizo llegar al presidente López Obrador solicita “generar la veda forestal en la totalidad de la Sierra de San Miguelito, e implementar los programas de restauración y empleo en materia forestal, con el fin de que los responsables sean ajenos a los grupos de desarrolladores inmobiliarios y especuladores en materia de tenencia de la tierra”.
Los comuneros de San Juan de Guadalupe concluyeron que no van a confiarse: “Vamos a seguir reuniendo firmas, movilizando, promoviendo acciones jurídicas y difundiendo la resistencia”.
Consideraron que el apoyo de López Obrador “es un buen punto, pero vamos contra la modificación del Plan del Centro Estratégico de la ciudad, que Nava pretende entregarle más de dos mil hectáreas a los grupos inmobiliarios de Reserva”.
