- Si hay pruebas, el alcalde Enrique Galindo sería sometido a juicio político; no se van a tolerar irregularidad.
Diputadas y diputados harán una solicitud formal ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para que realice una auditoría especial a los recursos humanos y a las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a fin de revisar la justificación de los pagos, la prestación efectiva de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, informó el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
Ante los señalamientos sobre la contratación de servicios por honorarios en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a favor de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente en funciones del PAN, los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo afirmaron que es indispensable que el alcalde Enrique Galindo Ceballos dé la cara y explique con claridad qué servicios se están pagando, quién los autorizó y qué resultados ha recibido la administración municipal.
“Aquí no se trata de partidos, simpatías ni diferencias políticas. Se trata del dinero de las y los potosinos, si existe un contrato legítimo y los servicios se prestan, que se presenten los documentos, los informes y los entregables correspondientes, pero si se descubre que se pagan servicios inexistentes, que se simulan actividades o que los recursos se utilizan para fines distintos de los autorizados, estaríamos no solo ante el desvío de fondos, sino ante una clara violación a la legislación electoral y administrativa”, dijo.
En conferencia de prensa, acompañado de las diputadas Maria Antonia Castro Castañeda, Dulcelina Sánchez de Lira y Aranzazu Puente Bustindui, el legislador dijo que se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades electorales (CEEPAC / INE) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que se investiguen los posibles actos de financiamiento indebido a dirigentes partidistas, el uso indebido de recursos públicos y las faltas a la equidad en la contienda.
De acreditarse el desvío de recursos y la simulación de actos públicos, “promoveremos ante el Congreso del Estado el inicio del procedimiento de Juicio Político contra las autoridades municipales responsables, por atentar contra los intereses públicos fundamentales de las y los potosinos y hacer un uso indebido del patrimonio del municipio”.
El diputado Gámez Macías añadió que “Enrique Galindo debe entender que gobernar implica rendir cuentas. No basta con administrar el presupuesto: hay que demostrar que cada peso se ejerce legalmente y en beneficio de la ciudadanía. Y que quede claro: no estamos pidiendo censurar a nadie ni limitar la libertad de expresión. Cada persona tiene derecho a expresar sus opiniones y a participar en la vida política. Lo que es inaceptable e ilegal es utilizar el presupuesto municipal para sostener sueldos o financiar intereses particulares”.
Señaló que “si la investigación encuentra irregularidades, que se proceda hasta sus últimas consecuencias: inhabilitaciones, sanciones penales y, si así corresponde, la destitución por la vía del Juicio Político. Galindo tiene la obligación de aclarar; las autoridades fiscalizadoras, electorales y el Congreso, la responsabilidad de investigar y juzgar; y la ley, la última palabra”.
Puntualizó el diputado Gámez Macías que “los recursos públicos no son patrimonio de ningún alcalde, partido o grupo político, son de la gente, que se revise, que se esclarezca y si hubo irregularidades, que se aplique la ley, sin privilegios y sin excepciones”.
