Un abogado fue sentenciado a más de mil años de prisión por un fraude inmobiliario que afectó a 107 familias en León y deberá reparar el daño económico.
El Fraude inmobiliario protagonizado por el responsable del despacho jurídico Punto Legal concluyó con una de las resoluciones judiciales más relevantes registradas en Guanajuato. Un tribunal sentenció a Edgar Francisco Franco Ríos a una pena acumulada de mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude, además de ordenar el pago de casi 30 millones de pesos por concepto de reparación del daño material, moral y los perjuicios ocasionados a las víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la resolución representa una «sentencia histórica» debido al alcance del caso y al número de personas afectadas. En total, 107 familias de León denunciaron haber perdido parte de su patrimonio tras adquirir viviendas que fueron ofrecidas como supuestos remates bancarios mediante un esquema que, según la investigación ministerial, utilizó información engañosa.
Fraude inmobiliario afectó a más de un centenar de familias
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que el despacho jurídico Punto Legal ofrecía inmuebles bajo la modalidad de presuntos remates bancarios, una alternativa que suele despertar interés entre personas que buscan adquirir una vivienda a un costo menor al del mercado.
Sin embargo, durante el proceso judicial el Ministerio Público sostuvo que los inmuebles ofrecidos no podían venderse bajo esas condiciones y que, además, no existía facultad legal para comercializarlos ni se encontraban involucrados en procesos judiciales que justificaran su oferta como remates.
Según la información presentada ante el tribunal, un total de 107 personas resultaron afectadas por este esquema, situación que derivó en diversas querellas y en una investigación que culminó con la sentencia condenatoria.
La sentencia supera los mil años de prisión
La Fiscalía informó que Edgar Francisco Franco Ríos recibió dos sentencias condenatorias derivadas de distintos procesos relacionados con el mismo caso.
Las penas quedaron integradas de la siguiente manera:
438 años y cuatro meses de prisión en una sentencia.
580 años de prisión en una segunda resolución.
Con ello, la penalidad acumulada alcanzó mil 18 años y cuatro meses de prisión, una cifra que llamó la atención por su magnitud.
No obstante, la propia Fiscalía recordó que la legislación penal vigente en Guanajuato establece un límite máximo de 80 años para el cumplimiento efectivo de una pena privativa de la libertad. Aun así, destacó que el valor de la resolución radica en el reconocimiento judicial de cada uno de los hechos acreditados y en las medidas adoptadas para reparar el daño ocasionado a las víctimas.
La reparación del daño fue uno de los puntos centrales
Además de la pena de prisión, el tribunal estableció distintas cantidades que deberán cubrirse como parte de la reparación integral del daño.
De acuerdo con la Fiscalía, el sentenciado deberá pagar:
29 millones 923 mil 100 pesos por daño material.
3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.
148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados.
La institución señaló que continuará dando seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones, al considerar que la restitución económica constituye uno de los aspectos más importantes para las familias afectadas.
La autoridad también destacó que el trabajo realizado por el Ministerio Público buscó no solamente acreditar la responsabilidad penal, sino procurar que las víctimas obtuvieran una reparación por las pérdidas sufridas.
La investigación acreditó el esquema utilizado
Durante el juicio, la Fiscalía expuso que el responsable utilizó diversos mecanismos para convencer a las personas interesadas de adquirir viviendas que eran presentadas como oportunidades derivadas de remates bancarios.
Las investigaciones ministeriales sostuvieron que el acusado ofrecía inmuebles sobre los cuales no tenía autorización legal para realizar operaciones de compraventa. Asimismo, se indicó que las propiedades tampoco se encontraban sujetas a procedimientos judiciales que respaldaran las condiciones bajo las cuales eran promocionadas.
La autoridad explicó que las pruebas permitieron demostrar una conducta reiterada que afectó de manera consecutiva a las personas denunciantes, quienes confiaron en las ofertas presentadas por el despacho jurídico.
Fiscalía destaca el impacto en las víctimas
Otro de los elementos que formó parte del proceso judicial fue la valoración del impacto económico y personal que el caso tuvo sobre las familias involucradas.
La Fiscalía señaló que el Ministerio Público acreditó ante el tribunal las consecuencias que el fraude generó en el patrimonio y la estabilidad de las personas afectadas. Con base en esos elementos, el órgano jurisdiccional emitió las resoluciones correspondientes los días 26 y 30 de junio.
El organismo calificó el fallo como una resolución histórica al considerar que reconoce los derechos de las víctimas y establece mecanismos para la recuperación del daño económico y moral derivado del caso.
El Fraude inmobiliario registrado en León concluye así una de sus etapas judiciales más importantes con una sentencia que reúne una pena acumulada superior a los mil años de prisión y una obligación económica cercana a los 30 millones de pesos para reparar los daños ocasionados. Mientras la Fiscalía mantiene el compromiso de vigilar el cumplimiento de la resolución, este caso se convierte en un referente por el número de víctimas involucradas y por el alcance de las medidas dictadas por el tribunal en materia de reparación integral del daño derivado del Fraude inmobiliario.
