La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, que en el ejercicio 2017, en la anterior Legislatura, la Cámara de Diputados contrató a casi 5 mil empleados bajo el régimen de honorarios, que no pudieron entregar sus contratos ni la comprobación de sus tareas dentro de San Lázaro.
“Con la finalidad de comprobar la prestación de los servicios de 4 mil 90 personas contratadas por honorarios vinculadas a los grupos parlamentarios y al quehacer legislativo, y 739 personas con actividades en áreas administrativas, se solicitó a la entidad fiscalizada proporcionara, conforme a la cláusula octava de los respectivos contratos, los informes periódicos, estudios y/o investigaciones que debieron efectuar los prestadores de servicios con los titulares de las áreas; sin embargo, dicha información no fue proporcionada”, detalla el informe entregado a la Cámara Baja.
