El gobierno anunciará una conferencia para explicar el rechazo al informe del CED-ONU sobre desaparición forzada, cuestionando su metodología y la extrapolación de datos de 2009-2017.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecerán una conferencia de prensa específica para desmenuzar, punto por punto, por qué el gobierno de México rechaza el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), publicado a principios de abril, en el que el organismo determinó que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y pidió que el caso sea llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Qué dijo el gobierno sobre el estatus del Comité?
Uno de los primeros puntos que Sheinbaum abordó fue el carácter del CED. La mandataria sostuvo que ese organismo no es comparable a la UNESCO u otras agencias de la ONU, sino un cuerpo técnico creado por tratado, cuyos integrantes son elegidos por los propios estados parte.
“Es un comité de expertos. No forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas”, afirmó la presidenta en su conferencia matutina, y aclaró que esa distinción no es menor a la hora de evaluar el peso institucional del documento.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, había respondido antes a esa postura señalando que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas, al haber sido creados por convenciones adoptadas por la propia ONU y por los estados parte.
Los argumentos de fondo: datos del pasado, realidad del presente
Más allá de la discusión sobre el estatus del CED, Sheinbaum centró su rechazo en razones técnicas. Indicó que el análisis del informe se basa en datos de cuatro estados entre 2009 y 2017 —periodo que abarca las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y que desde esa base se extrapolan conclusiones hasta 2025, sin incorporar las observaciones que Gobernación y Relaciones Exteriores enviaron al borrador.
A eso sumó que el informe, a su juicio, no distingue entre distintos tipos de desaparición: la que proviene de una orden o práctica del Estado —como ocurrió durante la llamada guerra sucia, comparable a lo vivido en Argentina, Chile y Uruguay bajo dictaduras militares—, y la que cometen grupos de delincuencia organizada, que reclutan jóvenes o los retienen de manera forzada, así como casos de personas que desaparecen voluntariamente por conflictos familiares o razones ajenas al crimen.
La orientación del documento, el punto más cuestionado
Para la presidenta, el problema central no es solo el contenido del informe, sino hacia dónde apunta: llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, cuando el gobierno considera que está actuando de manera activa para atender el fenómeno.
