Por enésima ocasión, durante su administración al frente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector Alejandro Zermeño Guerra ha demostrado un doble discurso en torno a la situación financiera de la institución. Mientras insiste en señalar al Gobierno Estatal por presuntos adeudos, al mismo tiempo impone su opacidad sobre el manejo de los ingresos y egresos universitarios, negando acceso a información clave sobre el destino de los recursos.
A lo largo de su gestión, Zermeño ha sido señalado por una serie de irregularidades financieras y administrativas. Entre ellas destacan los negocios personales con concesiones de cafeterías en distintas facultades, el cobro de estacionamientos universitarios, contratos poco transparentes relacionados con un predio en Lomas Cuarta Sección, y pensiones vitalicias que alcanzarían hasta los 150 mil pesos mensuales para personas cercanas a su círculo.
El dinero que se podría acumular con dichos señalamientos, de inmediato contrasta con la mitad de aspirantes que la UASLP deja fuera cada año, ya que el recurso podría usarse para acondicionar más espacios donde puedan estudiar más jóvenes, con mejor inmobiliario y herramientas en sus respectivas facultades.
Un caso reciente revela aún más la falta de transparencia: un medio de comunicación solicitó detalles sobre los cobros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por cursos y diplomados ofrecidos al público, sin obtener respuesta alguna por parte de la UASLP. La negativa a rendir cuentas refuerza la percepción de una administración más preocupada por proteger privilegios que por garantizar el acceso y la equidad en la educación pública.
