La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió en su revisión de la Cuenta Pública de 2017 que la Secretaría de Educación Pública (SEP)lleva 11 años financiando un programa de rescate financiero para universidades públicas de los estados que no pueden pagar sus jubilaciones y pensiones, sin saber qué tanto contribuye a solucionar estos problemas y sin un plan para determinar por cuántos años será necesario hasta que las instituciones sean autosuficientes.

En 2017, la SEP repartió entre 28 universidades 589.3 millones de pesos, “sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES (Universidades Públicas Estatales) para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial”, y esto sin conocer el beneficio para los poco más de 200 mil trabajadores de las universidades con derecho a pensión, según consignó la ASF en la auditoría de desempeño 2017-0-11100-07-0139-2018.

A valor presente, la deuda de estas universidades ascendería a 1 billón 269 mil 694.3 millones de pesos, y gracias a la reestructuración financiera que el gobierno federal promovió, se logró ahorrar el 62.2%. Aun así, por cada 10 pesos que las instituciones están obligadas a pagar, el fondo de apoyo federal tiene sólo 4.1 pesos, de acuerdo con la ASF.

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