Hay pocas esperanzas de que se haga realidad la cuarta transformación en suelo potosino, AMLO no parece tener una idea clara de la realidad potosina, parece estar más cerca de la “minoría rapaz” que mantiene en la pobreza y la marginación al estado potosino, que del pueblo que votó en masa a su favor.

Faltan cinco meses para asumir el poder y el sueño pejista de transformación y justicia sin distingos, ya comenzó a desmoronarse, al menos en San Luis Potosí.

La designación de Gabino Morales como representante estatal del próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se recibió como una mala señal en diversos sectores por el bajo perfil y novatez del ex dirigente estatal de MORENA, le queda grande el cargo para los desafíos planteados, además de aflorar los conflictos internos del partido que se habían mantenido casi ocultos.

Enriquecimiento con los recursos del partido, favoritismos para ciertos militantes y candidatos afines a Morales y al dirigente Sergio Serrano, exclusión de todos los que se atrevieron a discrepar, son algunas de las irregularidades que se le atribuye a esta mancuerna. Se incurre en las mismas prácticas del PRI y otros partidos, de las que AMLO abomina y quiere erradicar de raíz.

Serrano es un activista ecológico, comerciante de botes de pintura, militó en el PRD, en los círculos de la izquierda local se le considera un “estalinista, está cerrado al debate interno y al trato con los medios de comunicación; es muy cercano a la cúpula del navismo familiar y se le vincula al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, al igual que Leonel Serrato y el senador electo Primo Dothé Mata.

En MORENA se ha iniciado una rebelión de las bases y algunos candidatos electos en contra de Morales y Serrano, aunque los protejan el delegado de Iztacalco, Pablo Moctezuma Barragán y el coordinador regional Ricardo Monreal, futuro coordinador de la dominante bancada en el Senado, ya están descalificados para continuar en sus cargos si se aplican los estatutos del partido y, sobre todo, el discurso moralizante de AMLO de “cero tolerancia a la corrupción”.

La entidad potosina es una de las tantas que ganó AMLO, recibió más de un millón de votos (1,258,592), este voto masivo e histórico tuvo muchas motivaciones entre la ciudadanía, sin duda se imponen dos: la seguridad y el combate a la corrupción. Aunque el virtual gabinete ya está trabajando aún no hay claridad especialmente que se hará, por ejemplo, frente a los políticos y empresarios corruptos de San Luis Potosí.

Se ha corrido la versión de que los Gallardo serán los primeros en ser llamados a cuentas, lo interesante sería saber si la justicia de AMLO y sus colaboradores no será selectiva, clasista y también se va a investigar a las élites políticas y empresariales como las que encabezan Teófilo Torres Corzo, Luis Antonio Mahbub, Carlos López Medina, Vicente Rangel, Antonio Esper Bujaidar, entre otros.

El binomio política y negocios para estos clanes ha sido muy rentable durante décadas, generando la concentración de la riqueza en unos cuantos y la pobreza de las mayorías. El favoritismo en el otorgamiento de contratos de obra pública, en servicios de proveeduría, la especulación e intermediación en venta de terrenos para uso industrial y residencial; evasión de impuestos del predial y de otros conceptos, ha sido la constante. El gobierno de Juan Manuel Carreras como sus antecesores del PRI y el PAN, han sido meros administradores de los grupos económicos, la “minoría rapaz” de casa.

El año pasado “El Universal” publicó un reportaje sobre los negocios de varios legisladores federales con el sector público, destacando la figura del senador Teófilo Torres Corzo como gran beneficiario de millones de pesos mediante contratos otorgados sin licitaciones y con todas las facilidades a su favor por sus relaciones políticas con el Presidente Enrique Peña Nieto.

El mismo gobernador Carreras deberá ser separado del cargo e investigado por corrupción, su mal desempeño salpica por todas partes, se ha enriquecido al igual que sus principales colaboradores, hay un claro solapamiento de medios y las élites beneficiadas, y fue reprobado en las urnas con la derrota del PRI y el repudio que sufrió en Tamazunchale al tratar de promover su imagen utilizando la tragedia del incendio del mercado municipal.

Ya veremos si AMLO cumplirá su palabra de aplicar la justicia sin distingos, si tendrá el valor y la honestidad, tan cacareadas por él mismo, para hacer pagar las fechorías y corrupción de los políticos y empresarios del PRI y PAN que tienen hundido a San Luis Potosí en la miseria y el atraso, o si solo les dará palmaditas en la espalda y dejará que Horacio Sánchez Unzueta siga controlando MORENA para simular que la “cuarta transformación” del país va viento en popa en tierras potosinas.

Las expectativas de un cambio verdadero, como el que promueve AMLO, se desvanecen en suelo potosino, porque además de la influencia perversa de Horacio sobre la dirigencia formal de MORENA, los principales colaboradores del próximo Presidente en el estado, son el notario navista Eduardo Martínez Benavente y los priistas Juan Ramiro Robledo, Fernando Silva Nieto y Enrique Márquez (“aviador” de Carreras). Los dos últimos tienen derecho de picaporte con el virtual canciller Marcelo Ebrard.

Por los intereses y relaciones de estos personajes de la política potosina con la “minoría rapaz” de los Torres Corzo, López Medina, Esper, Rangel, López y demás currada que hace alarde de su impunidad, la cuarta transformación que prometió AMLO está en riesgo, es una obligación de las verdaderas bases de MORENA luchar para que sea una realidad y no se engañe al pueblo potosino con falsas acciones contra la corrupción.

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