Un joven tirado en posición fetal sobre el asfalto llora, suplica y se cubre el rostro, mientras un grupo de hombres lo rodean. Algunos sólo observan, otros lo golpean a patadas. “¡Pinche rata!, ¿ahora sí andas llorando, perro?”, se escucha la voz de un hombre que graba el momento. El agredido es un presunto ladrón, según justifican en el video. Lo acusan de intentar robar un taxi en las calles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y ser sorprendido en el acto.

La anterior situación es una parte de los cinco videos que se viralizaron la última semana y en donde se muestran las golpizas realizadas por ciudadanos enardecidos a presuntos delincuentes en la Ciudad de México y Estado de México.

Sin embargo, las grabaciones no fueron los únicos episodios de “justicia por mano propia” que llamaron la atención de la opinión pública. El pasado 5 de agosto se dio a conocer que un hombre había fallecido mientras estaba hospitalizado por las lesiones que recibió seis días antes, cuando fue golpeado por vecinos de la colonia Revolución en la Alcaldía Iztapalapa, quienes los acusaron de haber participado en un robo con violencia.

Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, y Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, coincidieron que estas situaciones de “justicieros ciudadanos” se deben a la ineficacia de las autoridades para garantizar la integridad y seguridad de las personas y sus bienes.

“Ante la ineficiencia estructural en materia de seguridad y por la impunidad se hace más atractivo el delinquir y vulnerar la integridad física y los bienes de las personas, independientemente de su condición social”, dijo Erubiel Tirado.

Celaya Gamboa explicó que la doctrina (del derecho penal) llama “venganza privada” a los actos en los que ciudadanos toman la justicia por mano propia.

“Esos episodios lo único que reflejan es la incapacidad de las autoridades gubernamentales para realizar la tarea legal y constitucional que tienen asignada: la seguridad pública, es decir, proteger a los ciudadanos y a sus bienes, y no lo están cumpliendo”, añadió el maestro en Ciencias Penales.

Irene Tello Arista, directora de la organización civil Impunidad Cero, coincidió que este fenómeno refleja el evidente hartazgo de la ciudadanía por la impunidad, sin embargo, la experta consideró que también tiene que ver con una percepción errónea del grado de criminalidad en el país.

“Creo que lo que vemos es un enojo exacerbado, no solo por haber sido víctimas de un delito sino por una percepción errónea de la cantidad de delitos que hay en el país. Obviamente todos estamos hartos. Sabemos que hay mucha violencia y delincuencia en el país, pero si revisas las cifras, aunque sí hay una gran cantidad, hubo 24 millones de víctimas frente a 130 millones de mexicanos, entonces también creo que hay una percepción como si todos fuéramos víctimas del delito todo el tiempo”, expresó la defensora.

Durante el primer semestre de 2020 se han abierto al menos 115 mil 113 carpetas de investigación por el delito de robo con violencia, es decir, al menos 632 asaltos diarios se cometieron en todo el país, lo que representa 26.35 atracos por hora.

El asalto a negocio es la modalidad que concentra el mayor número de carpetas de investigación con un total de 25 mil 635 denuncias, seguido del robo de vehículo con violencia con un total de 24 mil 660 casos, y robo a transeúnte en la vía pública con 23 mil 561.

Las carpetas de investigación por robo con violencia en transporte público ascienden a 5 mil 457, la mayoría (4,630) son en colectivo y el resto a transporte público individual (taxis y servicios de plataforma).

La semana anterior al menos cinco videos se popularizaron en redes sociales, pues presuntos asaltantes fallaron en su intento del delito y fueron confrontados por los ciudadanos. Tres de las filmaciones se registraron en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y dos en municipios del Estado de México.

El episodio más famoso, y que pudo desatar la publicación de los demás, es el que ocurrió al oriente del Estado de México. Dos sujetos trataron de llevarse las pertenencias de varios hombres que iban en una unidad de transporte público, una “combi”, pero no contaron con que el chofer arrancaría y dejaría a uno fuera de la jugada y al otro al alcance de los agraviados.

Posteriormente se difundió otro video de un robo fallido en el mercado de flores de Cuemanco, en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México; luego, el intento de asalto a un cuentahabiente en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Alcaldía Coyoacán, y finalmente el ocurrido en un puesto de quesadillas donde un presunto asaltante fue golpeado luego de que intentara despojar de sus pertenencias a los comensales.

Erubiel Tirado consideró que, si bien es válida la defensa legitima ante una agresión, los videos también muestran que las reacciones de la ciudadanía son casi de linchamiento, en lugar de someter a los delincuentes y entregarlos a las autoridades. Esta situación, agregó, también da cuenta del alto nivel de desconfianza al sistema de justicia.

LETARGO GUBERNAMENTAL

Ramón Celaya Gamboa y Erubiel Tirado plantearon que pareciera que las autoridades tanto locales como de Gobierno federal entraron en una especie de letargo, en donde prefieren dejar pasar este fenómeno de las reacciones violentas de ciudadanos contra presuntos delincuentes.

“Este hecho de la combi no es aislado, hay que verlo en su contexto: la incapacidad y la negligencia de las autoridades, el letargo en el que están cayendo los gobiernos y de ese hartazgo ciudadano”, expresó el especialista en seguridad nacional.

“Parece que esta situación no sé si les interesa a los gobiernos, o están en una postura de dejar hacer y dejar pasar, lo cual es grave desde cualquier punto de vista que se quiera mirar”, abundó Erubiel Tirado.

MAYOR VIRULENCIA

Los analistas alertaron que, de seguir esa tendencia al alza de actos de justicieros, se corre el riesgo de una mayor agresividad y virulencia por parte de los asaltantes y, por otro lado, la ciudadanía empiece salir armada, lo que a la larga podría desencadenar incluso en confrontaciones y tragedias más grandes.

“Podemos empezar a ver no solo actos de linchamientos sino de confrontamientos sociales que escalen. […]Ahorita hemos visto una multitud contra una persona (presunto delincuente), pero cuando estos sujetos estén armados vamos a ver casos de tragedias en cinco minutos lo cual es gravísimo, por eso no se debe ni incentivar, ni permitir la justicia por propia mano”, expresó la directora de Impunidad Cero.

Celaya Gamboa coincidió con Tello en que no se puede dejar la justicia al arbitrio del ciudadano, pues justo el derecho penal nació con la finalidad de evitar que el ciudadano tome en sus manos la justicia.

“El Gobierno federal y los gobiernos locales deberían tener mucho cuidado y prestar atención a este tipo de sucesos de “justicieros” porque si no se nos va a desbordar y al rato vamos a tener un grave problema de venganza privada”, destacó.

Tello Arista expuso que el problema de justicia por mano propia es que una persona no tiene la capacidad de determinar la gravedad de una sanción ante el delito del que fue víctima: “Cuando estamos muy enojados por ser víctima de un delito lo que más queremos es que se repare el daño y no medimos la consecuencia ni tenemos la capacidad de determinar que implica ese daño para nosotros”, dijo.

La directora de Impunidad Cero agregó que otro aspecto preocupante es la euforia que ocasionaron en redes sociales los citados videos.

“A mí lo que me preocupa mucho es esta situación en que se aplaude el hecho sin darse cuenta de lo que implica: celebrar la violencia”.