Lo que necesitamos en San Luis Potosí, es enfocarnos en los sistemas y en las leyes que ya tenemos, pero al mismo tiempo cambiar el número de servidores públicos que sea necesario y que no reúnan el perfil para garantizar el estado de derecho, advirtió el abogado, José Mario de la Garza Marroquín.
Recordó que por ejemplo, hay problemas en la rapidez de la resolución de los juicios en diversas materias, y por lo tanto, en perjuicio de la justicia pronta y expedita, en el aspecto del combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos.
Recordó que es urgente la toma de la decisión, porque el análisis de todos los parámetros de medición lleva a San Luis Potosí a estar por debajo de la media nacional.
Comentó que en muchas de las calificaciones, ni siquiera se alcanza el promedio para San Luis Potosí y por ello se percibe el muy marcado rezago en la agenda del estado de derecho en nuestra entidad.
Recordó que las mediciones se hacen de manera muy profesional y muy institucional y por lo tanto representan una fotografía crítica de los índices de respeto a la ley y de la impunidad.
Dijo que San Luis Potosí tiene un esquema de ley, que es muy parecido a los que se encuentran en otras entidades federativas y sin embargo, en aquellas hay mejores resultados, y por lo tanto lo que se tiene que hacer es entender la aplicación y a su vez el papel de los recursos humanos en la aplicación de esas leyes.
Comentó que se trata de hacer las cosas a partir de implementaciones y de un verdadero conocimiento de los sistemas de medición, además de quitar muchas personas que no sirven para implementar un buen estado de derecho.
Consideró que por ejemplo, debe trabajarse sobre la meritocracia en los funcionarios públicos, tal y como lo propuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
