Al reconocer que la corrupción y el nepotismo han aumentado en los años recientes en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, enfatizó que durante su gestión no se tolerará a los servidores públicos “que anteponen sus intereses personales a los de la justicia”.
“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso. “Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores, a los corruptos, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”, advirtió al rendir su primer informe anual de labores al frente del PJF.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República contra magistrados de circuito por actos de corrupción. Destacó que en uno de estos casos un juzgador ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, en referencia al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito por nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
EL CIRCUITO JALISCO
Al referirse en particular al caso del Circuito Judicial de Jalisco al que pertenecía el magistrado Avelar Gutiérrez, apuntó: “El Consejo advirtió que se había convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia, por lo que se llevaron a cabo readscripciones y suspensiones tendientes a desarticular redes de influencias y cotos de ilegalidad existentes, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones conducentes”. En el informe de labores se destaca que dicho Circuito de Jalisco fue renovado casi en su totalidad por “potencial conflicto de interés y/o hechos notorios que ponen en riesgo la administración de la justicia”, “otras necesidades del servicio” y “baja productividad”. “Con base en distintas denuncias y elementos objetivos de la política de adscripción se identificaron supuestos que pueden suponer un riesgo para la impartición de justicia de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”, explica el documento.
