+ EL FRACASO DE LA GUARDIA NACIONAL EN CULIACÁN
Dejar en libertad al hijo del Chapo en Culiacán fue lo menos peor que pudo hacer la Guardia Nacional, luego del grave error que cometieron al intentar aprehenderlo sin la estrategia adecuada.
Haberse empecinado con esa detención los hubiera llevado a incalculables muertes, y a un desastre aún mayor al que vimos el 17 de octubre en la citada ciudad, habitada por casi un millón de habitantes.
Al final de este día, el saldo fue de ocho personas muertas: 1 civil, 1, militar, 1 custodio del penal, y cinco presuntos delincuentes.
Cifra menor a los 14 policías estatales asesinados el lunes 14 en Aguililla, Michoacán; e inferior a los 15 que fallecieron el martes 15 en Iguala, Guerrero, pero mayor a la ocurrida en Acámbaro, Guanajuato el miércoles 16, donde murieron cuatro civiles.
Eso, en cuanto a la cantidad de personas muertas, pues en otros aspectos los daños resultaron mayúsculos cuando el gobierno federal tuvo que doblar las manos ante un pequeño “ejército” de narcos, mandando un pésimo mensaje al mundo.
El golpe mayor es a la credibilidad de un gobierno federal cuya máxima apuesta en cuanto a seguridad es representada por la señalada Guardia Nacional.
Tal institución castrense no tiene resultados palpables, y ahora, a tal ineficacia, sumó una pifia que resultó desorbitada al poner en peligro a toda una ciudad, generando pánico, zozobra, temor, a miles de habitantes durante todo un día.
Al menos 200 delincuentes armados no solo evitaron la aprehensión de Ovidio Guzmán López, requerido por Estados Unidos, también bloquearon las entradas y salidas de Culiacán, posibilitaron la fuga de 49 reos del penal, y paralizaron el aeropuerto, las escuelas, los comercios, y las calles.
A nivel de credibilidad del gobierno también hay muchos damnificados, empezando por el propio presidente, quien debió presentarse en Culiacán para hacer frente al problema, pues en momentos de crisis y cuando todo el país está atento a lo que sucede, tal presencia es obligada.
Pero fuera de esa circunstancia de que no se apareció por la ciudad criminalmente sitiada, todo el gobierno de López Obrador quedó en una posición humillante a los ojos del mundo, al rendirse ante una partida de narcotraficantes.
No tenía opción, y no es la primera vez que un estado debe evitar más muertes de inocentes a costa, por el momento, de dejar ir a transgresores de la ley.
Sin embargo, para nada es tal el énfasis que le dan los furibundos opositores al régimen lopezobradorista, quienes ven todo color negro.
Esta vez la actuación de los grupos policiales y militares que tenían a su cargo la detención del junior Guzmán López le han dado material suficiente a esos críticos para que se solacen.
Y es que no es solo este último incidente, sino la evidencia general y clara de que no está funcionando la estrategia de “abrazos no balazos”, pues los resultados que se ven, en especial estos días del 14 al 17 de abril, son iguales o peores que los vividos en tiempos de Felipe Calderón.
De un insensato, temerario, e irresponsable presidente que se puso una casaca militar y les declaró la guerra a los narcotraficantes, se pasó a un mandatario que habla todo el tiempo de paz, de amor, y que hace comentarios tan poco afortunados como el decir que los delincuentes decepcionan a sus pobres madrecitas.
Lo peor es la falta de congruencia, pues mientras desde las conferencias mañaneras se habla de “abrazos, no balazos”, en los hechos se sigue enfrentando como siempre a los criminales, con tácticas de guerra y operativos tan erróneos como el de Culiacán.
A esa ineficacia, se le empiezan a sumar a tal Ejército graves acusaciones de violar derechos humanos efectuando ejecuciones extrajudiciales, sobre todo durante la muerte de 14 civiles en la mencionada Iguala, Guerrero.
