Expertos de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) pidieron ayer en una declaración conjunta el fin de las amenazas a los medios de comunicación.
En un comunicado, los relatores sobre la libertad de expresión y opinión de esas organizaciones subrayan con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy, las amenazas crecientes a la existencia de medios independientes y diversos, en particular a los medios digitales. Sobre las amenazas a la seguridad de los medios de comunicación, los expertos recuerdan a los Estados su obligación de “proteger a los periodistas y a otros que corren el riesgo de ser atacados por ejercer su derecho a la libertad de expresión” y de iniciar “investigaciones eficaces” cuando se producen ataques para que haya rendición de cuentas y asegurar “reparaciones efectivas”.
Señalan los Estados deben abstenerse de adoptar leyes innecesarias o desproporcionadas que penalicen o impongan sanciones más severas a los medios digitales que a su equivalente tradicional y deben asegurar que la regulación de las plataformas respete los estándares internacionales. Insisten en que las restricciones a la libertad de expresión basadas en conceptos como “la seguridad nacional” y la lucha contra “el terrorismo”, “el extremismo” o “la incitación al odio” deben definirse de manera clara y ser objeto de supervisión judicial para evitar discrecionalidad en su aplicación.
Acerca de las amenazas políticas, las organizaciones sostienen que los políticos y los funcionarios deben abstenerse de interferir políticamente en las operaciones de medios de comunicación, asumir el control comercial de los órganos reguladores o de medios de comunicación comerciales, comunitarios o públicos o presionar a las plataformas en línea para que regulen el contenido.
En el apartado de las amenazas económicas, los expertos internacionales subrayan que los medios de comunicación deben poder acceder bajo términos transparentes e imparciales y sin discriminación alguna a los recursos del Estado, incluida la publicidad oficial.
Los relatores también tienen un mensaje para los medios de comunicación y plataformas en línea, a quienes piden tomar “en serio su deber de respetar los derechos humanos”, reforzar sus “estándares de profesionalismo” y “operar de la manera más transparente posible”.
