-“Que se esclarezca conforme a derecho”, tuiteó después de que lo exhibieron como represor y corrupto en cadena nacional

-En el desalojo violento “no hubo exceso de fuerza”, declaraba con insistencia a medios

Testarudo, el alcalde Xavier Nava Palacios se mantiene en su postura de que en el desalojo de María Teresa Carrizales, ex oficial del Registro Civil, “no hubo exceso de fuerza, el procedimiento fue el correcto, dentro de la normatividad”, cuando hay una condena unánime por los hechos por parte de partidos políticos, en especial el PAN que lo llevó al poder, la CEDH y organizaciones feministas que monitorean la violencia contra las mujeres.

Al verse expuesto este viernes como un represor, corrupto y vengativo en cadena nacional a través de los noticieros de López Dóriga, Pepe Cárdenas, Denise Maerker y otros que difundieron el caso de Teresa Carrizales, intentó matizar desde su cuenta de Twitter con un mensaje retórico, aprendido de su tío político Horacio Sánchez Unzueta, y el tiro le salió por la culata:

“Nuestro compromiso es y será siempre con los potosinos. Somos los más interesados en que este asunto se esclarezca conforme a derecho y actuaremos en consecuencia, si prejuicios y sin reservas. Nada ni nadie por encima de la ley”.

El que actuó fuera de la ley fue él, junto con su secretario general Sebastián Pérez como el que ordenó el desalojo, el comisario Edgar Jiménez Arcadia como el ejecutor; la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Olga Palacios y la síndico Alicia Nayeli Vázquez Martínez por encubrir la infamia.

Palacios aseguró que Teresa Carrizales era una simuladora porque ya traía lesiones en el cuerpo antes del desalojo, y Nayeli dijo que “se arrastró por su propia voluntad”, ambas mujeres acataron las órdenes de Nava poniendo en entredicho su dignidad y responsabilidad como servidoras públicas.

El tuit de Nava no recibió muchas adhesiones, entre ellas la de la ex petista Cecilia Soto, una política muy desprestigiada que se quedó sin chamba por el triunfo de López Obrador, y otras fueron de funcionarios municipales como el delegado de La Pila, Pedro Pablo Cepeda, al que un tuitero lo exhibió por ganar un sueldo de casi 100 mil pesos sin hacer nada; y hasta la propia esposa de Nava, Nancy Puente Orozco, retuiteó el mensaje de la presunta legalidad que rige en el gobierno capitalino.

Pero fue a petición del PAN y su fracción de regidores, no del alcalde Nava, el inicio de una investigación para sancionar con su destitución a los funcionarios municipales responsables, “caiga quien caiga”.

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