Los agentes fronterizos han recibido instrucciones para enfocarse específicamente en los hispanohablantes y migrantes de Latinoamérica para implementar un programa del gobierno del presidente Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México, de acuerdo con memos obtenidos por The Associated Press que revelan algunos aspectos internos de una prioridad del gobierno para manejar el creciente número de centroamericanos que llegan al país.

El gobierno de Trump lanzó el programa a fines de enero en lo que representa un cambio potencialmente sísmico sobre la forma en la que Estados Unidos maneja los casos de inmigrantes que buscan solicitar asilo y huyen de la persecución en sus países de origen.

En un principio, el programa aplicaba únicamente a aquellas personas que se entregaran a las autoridades en los cruces fronterizos, pero un memo de un jefe de división de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego señala que el programa se expandió el viernes para incluir a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Las directrices incluyen instrucciones sobre varios grupos de inmigrantes que no están siendo regresados a México y en su lugar atraviesan el tradicional proceso de asilo en el sistema de tribunales migratorios de Estados Unidos. Entre esas personas están: mujeres embarazadas, migrantes LGBT y gente que padece problemas médicos. Antes, las autoridades dijeron que los solicitantes de asilo mexicanos estaban exentos, así como los niños que viajaban sin compañía de un adulto.

Las autoridades estadounidenses deben revisar si el solicitante de asilo tiene alguna condena por delito grave y notificar a México por lo menos 12 horas antes de que los regresen. Aquellos que crucen la frontera ilegalmente deben entrar como adultos solos, aunque las autoridades están en pláticas con el gobierno mexicano para incluir a las familias.

Los críticos del programa señalaron que las instrucciones y exclusiones están escritas de una forma que hace que el programa esté enfocado casi por completo en los centroamericanos.

El programa se implementó luego de que los arrestos de febrero registraron la cifra más alta en 12 años; más de la mitad de detenidos eran familias, muchas de ellas buscaban solicitar asilo y se entregaron a las autoridades.

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