El trabajador del Congreso estatal que ganó una demanda laboral confirmó que en 2014 cobró un cheque por más de 566 mil pesos, incluso se dio a conocer que este pago fue parcial por el laudo que en ese entonces eran poco más de 600 mil pesos, lo cual no se terminó de pagar por la entonces LX Legislatura local.

Asimismo se informó que es trabajador del Legislativo desde la LVI Legislatura (2000-2003) y logró su base en la siguiente. Estaba asignado al área jurídica.

En septiembre de 2010, dijo, la Junta de Coordinación Política, presidida entonces por Pedro Pablo Cepeda, ordenó a la oficial mayor, Josefina Salazar Báez, hoy diputada con licencia, finiquitar al trabajador sin mayor explicación.

Por esta razón, presentó una denuncia laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), que falló en su favor, ordenándole al Congreso reintegrarlo y pagarle salarios y prestaciones.

Luego, el caso llegó a un Juzgado de Distrito donde se confirmó la razón al trabajador, es cuando en 2014, la anterior Legislatura acordó pagarle el laudo por poco más de 600 mil pesos, a cambio de desistirse. Sin embargo no se cubrió la totalidad del pago.

El trabajador se reintegró al Congreso en esta Legislatura, como parte del cuerpo de asesores de la Comisión de Puntos Constitucionales.

A fines del año pasado, el Tribunal Colegiado Especializado en Materia Administrativa ratificó la resolución del TECA, por lo que el Legislativo debe de pagar al trabajador, los 8 años de salarios y prestaciones que no laboró.

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