El asesinato contra la dentista Erika Muñoz Villaseñor, perpetrado el miércoles 17 de octubre, está recibiendo un trato privilegiado por parte de la Fiscalía General del Estado, y del mismo gobernador Juan Manuel Carreras López, quien atendió a los familiares personalmente el pasado martes por la noche.

En detrimento de otros casos también muy graves que están sin esclarecer, estos parientes de la víctima obtuvieron la promesa del mandatario estatal en el sentido de que pronto tendrán resultados sobre quiénes fueron los criminales que le quitaron la vida a la profesionista, y a su bebé, quien ya estaba próximo a nacer.

Según transcendidos de tal encuentro, Carreras López les informó que ya cuentan con fuertes indicios de los responsables del crimen, que habría sido ejecutado por un asesino a sueldo, el cual pudo tener cómplices que le ayudaron a escapar el día de los hechos.

Y en cuanto a los homicidas intelectuales, se tienen indicios de responsabilidad sobre personas que formaron parte del círculo personal de Muñoz Villaseñor. La hipótesis de las autoridades consiste en un probable crimen pasional, de venganza por celos. Así, las pesquisas se centran en torno a lo que fue una relación sentimental.

En todo ello, parecen haber sido de mucha ayuda algunas palabras que Erika alcanzó a pronunciarle a su madre unos instantes antes de morir. De acuerdo a versiones que han sido difundidas, la víctima le señaló a su familiar que el ataque sufrido tenía relación con el robo de un celular en su consultorio.

De acuerdo a estos datos, la dentista le había comentado a su madre que unas tres semanas antes había recibido la visita de un extraño, quien se hizo pasar por paciente, para luego robarle el aparato. Y ya a punto de fallecer, ella dijo a su progenitora algo que podría llevar a saber quiénes fueron los responsables del crimen.

Toda esta información se viene manejando con mucho sigilo, pero se espera que pronto se dé información oficial al respecto, corroborando, corrigiendo, o descartando tal línea de investigación.

Lo anterior coincide en parte con lo que fue informado en su momento por la Fiscalía, instancia donde se dijo que se tenían dos líneas de investigación: una referente a un posible asalto, y la otra a un crimen pasional.
Pero la versión del probable atraco violento fue descartada casi de inmediato, pues el asesino no se llevó nada del consultorio donde le quitó la vida a la dentista y a su hijo.
Sin embargo, el poco rigor periodístico, el dar simples suposiciones por hechos consumados, generó múltiples notas informativas que aseguraron se trató de un asalto.
Eso suscitó miles de reacciones indignadas en las redes sociales, y una fuerte crítica social y política donde todos se quejaban de la inseguridad, y exigían hacer algo al respecto.
Y aunque es claro que se trató de un hecho de inseguridad, el grave incidente no fue lo que se suponía, pero igual eso hizo reaccionar al Gobierno del Estado, donde se tuvo que dar prioridad a este expediente, descuidando o desatendiendo otras investigaciones sobre feminicidios que más bien ya parecen haber caído en el olvido.

Resultó paradójico que un caso en realidad difícil de prever y que no corresponde a la delincuencia común del robo por asalto, haya generado tal indignación social, provocándole un problema al gobierno, cuando hay muchos sucesos graves que por el nivel de impunidad merecerían igual trato.
Esa fuerte repercusión no habría sido posible sin las citadas notas informativas, donde se insistió en un robo violento, sin tener las evidencias reales de ello, y cuando el móvil más bien parecía ser de naturaleza pasional. Un crimen planeado, por encargo.

Era así, por las mismas circunstancias del hecho, algo más difícil de haber previsto que una simple agresión por robo, como las que ocurren todos los días.

Aquí, no obstante, lo trascendente es que se obligue al gobierno a responder al entorno de inseguridad e injusticias que existe debido a un aparato de (in)seguridad y de muy deficiente procuración de justicia, de real incompetencia por parte del fiscal Federico Garza Herrera.

Y si bien es justo que se actúe con premura en este episodio criminal que tiene conmovida a la sociedad, por otro lado, no puede dejar de cuestionarse que solo se accione con esta atingencia cuando se trata de casos criminales que reciben una fuerte reacción mediática, o donde se ven involucrados personajes influyentes o con apellidos de pedigrí en la sociedad potosina.

Ese trato preferencial de Juan Manuel Carreras genera serios precedentes de discriminación para afectados de decenas de homicidios muy graves que permanecen en la impunidad.
Porque, ¿cuándo va a recibir el gobernador a los familiares de todas las demás mujeres que han sido asesinadas? Esas personas tienen derecho al mismo trato. Y a que también se les haga justicia.

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