• El beneficiado es hijo del exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, tío del alcalde capitalin
  • – Marco Uribe, el director de Obras Públicas, también sacó tajada de la licitación amañada

Por muchas cosas se ha distinguido el gobierno de Xavier Nava en la capital potosina; por opaco, intransigente, mucho discurso y pocas acciones, la lista es larga, sin embargo, uno de los tópicos recurrentes ha sido el nepotismo y la corrupción al contratar a familias enteras que, sin experiencia ni formación, ocupan cargos importantes en el Ayuntamiento o al asignar importantes contratos a perfiles cuestionables, familiares o amigos cercanos.

El escándalo más reciente surge de las acusaciones que hiciera un grupo de empresarios que, en su momento, mostraran interés por participar en el proyecto del Colector Pluvial «Sierra Vista-Ptar Tangamanga I», obra que resultó de una licitación amañada que violentó cuantas leyes pudo para beneficiar a dos personas; Manuel Sánchez Nava (primo de Xavier Nava), y Felipe Buendía (el constructor favorito del director de Obras Públicas, Marco Antonio Uribe Ávila).

Manuel Sánchez Nava es hijo del exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, esposo de Conchalupe, tía de Xavier Nava Palacios, es decir, el beneficiario es primo hermano del alcalde, sin embargo, para evitar sanciones u observaciones, recurrieron a dos prestanombres; Christian Mauricio Luna Zambrano y Andrea Tovar Martínez por medio de la razón social Vatten Ingeniería.

La otra mitad de la obra, otorgada a la empresa Buga, propiedad de Felipe Buendía, revela relaciones entre el beneficiario y el director de Obras Públicas, Marco Uribe, quien en repetidas ocasiones ha recurrido a esta constructora para realizar cuestionables obras y proyectos por medio de su testaferro José Antonio Ramírez Gutiérrez.

Además de lo cuestionable que resulta esta obra, por toda la corrupción que se estaría generando, es importante mencionar que el proyecto está enfocado a favorecer a particulares pues, como denuncian los mismos constructores, se centra en el desfogue del drenaje de edificios propiedad de las familias Valladares y Payán quienes, además, han afectado considerablemente la calle sobre la que se ubican las oficinas del Poder Judicial.

 

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