El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) incurrió en varias irregularidades en su acusación contra los autolavados de la empresa El Trapazo, lo que propició que un juzgado federal le impusiera un revés legal al conceder a la empresa afectada una suspensión definitiva que impedirá al organismo seguir con el proceso sancionatorio, así como la obligación de no revelar públicamente datos personales de los afectados.

La resolución de la audiencia incidental del procedimiento de amparo 434/2018, abierto en el Juzgado Tercero de Distrito por las empresas afectadas en contra de las acusaciones y actos del Interapas, y de su director, Alfredo Zúñiga Herverth, así como los informes emitidos por la propia dependencia, cuyas copias tiene este medio, muestran las contradicciones en que incurrió el Interapas e indican que contra El Trapazo sólo se emitieron acusaciones mediáticas de que utilizaba tomas clandestinas, sin que la dependencia fuera más allá, pues reconoce que no se ha iniciado algún procedimiento ni se ha impuesto ninguna sanción.

Esto no obstante que Zúñiga Herverth aseguró que la sanción a la empresa podría llegar hasta los 10 millones de pesos.

De acuerdo a la documentación revisada, el Interapas violó los principios de presunción de inocencia, de proceso justo y de confidencialidad de información reservada al dar por sentadas irregularidades que administrativamente, no se han resuelto aún.

El juez consideró que el Interapas ha infligido a los afectados un “perjuicio de difícil reparación” luego de que ratificara que el organismo operador manejó los datos personales de los socios de la empresa.

Y aunque ordenó expresamente que no se siguieran difundiendo, el área de prensa del organismo mantiene sus identidades reveladas en un comunicado de prensa publicado en la pagina web del organismo.

Compartir