Michelle Hernández Piña señaló que de hacerlo, se incurriría en una ilegalidad debido a que en la pandemia se suspendieron las consultas y aún no concluye este procedimiento.

Michelle Hernández Piña representante de Cambio por San Luis recalcó que si el municipio de San Luis Potosí continúa con la enajenación de bienes sin concluir las consultas del Plan de Desarrollo Municipal se incurriría en una ilegalidad debido a que en la pandemia se suspendieron las consultas y aún no concluye este procedimiento.

“Por parte del Implan se emitió un comunicado que estaban suspendidas las consultas y eso llevó a detener todo, sin embargo pareciera que el alcalde está apurado porque salgan estos bienes lo antes posible, y estaría incurriendo en una ilegalidad porque tendría que esperar a que termine la consulta, que no sólo toma cuenta la Sierra de San Miguelito sino otros proyectos que están vinculados a esa enajenación de bienes, entonces es adelantarse; y de esa forma, es una manera de demostrar que no le interesa la consulta, que es una simulación que tiene que cumplir pero no le está acatando cabalmente”, acusó el activista.

Hernández Piña señaló que diversas asociaciones civiles le harán llegar al cabildo municipal su postura sobre la enajenación de bienes.

”El alcalde va a buscar la mayoría en el Cabildo, no nos queda duda que lo buscara negociar con el Cabildo, es triste la postura del Cabildo en esta situación, salvo por uno o dos regidores que abiertamente han dado conocer su oposición, nosotros junto con otras asociaciones que defienden de San Miguelito estaremos en oposición”, argumentó.

Hernández Piña consideró que la venta de estos terrenos forma parte del pago de favores que debe  el alcalde Xavier Nava Palacios a distintos empresarios que lo llevaron a la alcaldía y con los cuales buscaría la gubernatura .

“Esto es una estrategia del alcalde para beneficiar a los grupos de poder del desarrollo inmobiliario de San Luis Potosí… Son zonas que buscarían avanzar hacia la zona industrial, son terrenos que serían subastados, que tienen una plusvalía muy alta y beneficiarían a las mismas familias que lo han apoyado y buscan un pago político y detrás de todo esto hay bienes públicos que se hubieran podido utilizar para beneficiar a la ciudadanía que podrían convertirse en áreas recreativas en algún proyecto sustentable pudieran ser parte de un proyecto de áreas protegidas pero vemos que les urge vender estos terrenos” finalizó.

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