-La SCJN resolvió a favor de una controversia constitucional interpuesta por el alcalde Nava para brincarse la aprobación del Congreso del Estado

-Desde hace un año tiene una lista de 55 terrenos para vendérselos a cuates y compadres a precios de ganga

Este jueves en sesión ordinaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia promovida por el ayuntamiento de San Luis Potosí para poder vender o rentar terrenos municipales sin la autorización del Congreso del Estado, con lo cual, la administración de Xavier Nava tendrá la posibilidad de disponer de 55 terrenos que desde hace meses ya tenía en planes de negociar con desarrolladores inmobiliarios.

La SCJN invalidó los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, primer párrafo, de la Constitución Política de San Luis Potosí, al ser contrarios a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción II del artículo 115, de la Constitución General.

El Tribunal Pleno advirtió que conforme a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 23 de diciembre de 1999, se facultó a los municipios para administrar su patrimonio.

A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional, se estableció que los estados deberían legislar dentro del término de un año, para adecuar en ese sentido su marco constitucional y legal.

Sin embargo, la SCJN determinó que el Congreso de San Luis Potosí fue omiso en ajustar su Constitución a dicha disposición constitucional, pues en los artículos declarados inválidos se facultaba a la legislatura local a autorizar la enajenación y gravamen de los bienes municipales, y las concesiones que otorguen los ayuntamientos, cuando se excediera el término de su administración, así como a prohibir a los ayuntamientos celebrar acto o contrato alguno que grave o comprometa los bienes y servicios públicos de los municipios, sin tener la autorización del congreso local, so pena de que sean nulos de pleno derecho, atribuciones que son contrarias al inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución General.

La Corte estableció la obligación al Congreso para que en el plazo de seis meses ajuste las normas declaradas inválidas a la Constitución General.

El febrero de este año, el medio La Orquesta publicó que desde marzo del 2018, se descubrió que la administración capitalina pretendía vender el equivalente a 800 millones de pesos de inmuebles públicos, sin la autorización del Congreso del Estado, por lo cual promovió la controversia que este jueves fue resuelta a su favor.

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