El presidente que habla diario y de todo, no quiere hablar de la militarización de la seguridad pública. Incluso ayer evadió el tema en su monólogo diario de la mañanera,  mientras su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar el decretazo para militarizar la seguridad pública y la persecución de los delitos en el país con un argumento tan falso como rebatible: que el “apoyo de las fuerzas armadas” a la seguridad civil “siempre estará subordinado a la Guardia Nacional”.

Y es que ahí está precisamente el problema: la Guardia Nacional siempre ha estado supeditada, en los hechos, al mando militar de la Secretaría de la Defensa. Su comandante Luis Rodríguez Bucio es militar y obedece y le responde al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y no a Durazo, al igual que lo hacen los generales que dirigen a los guardias nacionales en los estados del país, quienes reportan y obedecen órdenes solo de la Zona o Región Militar de donde se encuentren y no necesariamente del gobernador ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

El mismo Alfonso Durazo comentó en una plática reciente con periodistas y directivos de un diario, en la que tuve la oportunidad de escucharlo, que él y su Secretaría de Seguridad no son los rectores ni los que mandan en la labor de dar seguridad a los mexicanos. “Yo sólo tengo un papel normativo (en la estrategia de seguridad federal) el mando operativo lo tienen las Fuerzas Armadas”.

¿Entonces, lo saben bien y siempre lo supieron, si el mismo presidente se lo pidió al Congreso de la Unión en su iniciativa original donde quería una Guardia Nacional completamente militarizada y bajo las órdenes del Ejército, aunque el rechazo de la oposición lo obligó a negociar una “transición de 5 años” para el regreso de los militares a los cuarteles, que es lo que ahora pone en marcha por decreto, por qué no reconocer que, al igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decidieron echar mano de la fuerza militar para controlar la inseguridad y la violencia porque no tenían otra opción ante la gravedad del problema y la capacidad armada de los cárteles del narco?

Ayer me explicaba el Consejero Jurídico de la Presidencia que en realidad el decreto que publica el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria” no es algo nuevo y que “siempre estuvo contemplado en el artículo 5 transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional” y que aprobó por unanimidad el Congreso. “No hay tal militarización, sólo se está aplicando lo que preveía la reforma constitucional”, comentó el abogado Julio Scherer Ibarra. Y no tengo duda que así es, que eso estaba previsto, pero según los senadores y diputados que aprobaron la ley, también se preveía que esa participación de 5 años del Ejército y la Marina en labores de seguridad iba a estar acotada, vigilada y fiscalizada, como dice el decreto, pero por normas elaboradas por el Congreso y bajo mandos civiles, cosa que hoy en la realidad no existe.

El líder del Senado, Ricardo Monreal, también defendió el decreto presidencial al argumentar que siempre estuvo contemplado en la reforma constitucional que aprobaron de manera unánime no sólo diputados y senadores federales, sino también el Constituyente Permanente conformado por los 32 congresos locales. Monreal aseguró que el respeto a los derechos humanos y a las garantías de los mexicanos por parte de las fuerzas militares que apoyarán en la seguridad pública está garantizado en leyes como la que regula el uso de la fuerza y cuestionó a quienes comparan esta participación de las Fuerzas Armadas con lo que pasó en otros sexenios. “Aquí lo que tenemos es una participación constitucional de los militares, regulada y acotada. Quienes critican y atacan lo hacen por ignorancia y por mala fe porque saben que esto ya se había aprobado en el Congreso”, sostuvo Monreal.

También la Jefa de Gobierno de la CDMX, quien incluso se oponía en algún momento a tener patrullajes militares en la capital del país, negó que con el Ejército y la Marina haciendo labores policiacas estemos en la vía militar: “No se está militarizando, vamos a esperar que el presidente informe de todo esto y en el caso de la ciudad nuestra estrategia como ciudad tiene que ver con el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (…) como saben en particular en este periodo de la pandemia y dado que la Guardia Nacional cubre distintas tareas, nos están apoyando Sedena y Marina en algunos lugares con el patrullaje, sobre todo en la zonas limítrofes”, dijo Claudia Sheinbaum.

Se puede entender la reticencia a reconocer la militarización de la seguridad, así sea con un mandato constitucional; se puede comprender que viniendo algunos de ellos de la izquierda les cueste mucho admitir que son parte de un gobierno que se apoyó en los militares ante la incapacidad civil de frenar la violencia delincuencial, incluso podría aceptarse que el decretazo publicado en tiempos de la pandemia y en medio de tanta incertidumbre y desazón social, era algo ya autorizado desde un Congreso que aprobó unánimemente un modelo de seguridad civil y una Guardia civil a la que ahora se le coloca encima a las Fuerzas Armadas.

Al final lo que tenemos a partir de ayer en la seguridad pública del país es a militares en las calles haciendo labores de policías, deteniendo ciudadanos, patrullando ciudades y municipios, cateando domicilios e iniciando denuncias y hasta interviniendo comunicaciones privadas con orden de un juez, todo eso con mandato constitucional. Eso, aquí y en China se llama militarización, con los matices y atenuantes que quieran ponerle. Como diría el test del pato: “Si grazna  como pato, camina como pato y se comporta como un pato, entonces seguro que es un ganso…militarizado”.

NOTAS INDISCRETAS…

La imagen en Palacio Nacional fue contundente. Los primeros que deben atender las reglas y las normas, sobre todo en la fase más critica de la pandemia, son los gobernantes que deben poner el ejemplo. Y ayer durante la mañanera del presidente entre todos los integrantes del gabinete y el propio López Obrador, el único que usaba cubrebocas era el mandatario del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza. Desde su aparición en el Salón Tesorería, el gobernador mexiquense se contrastó con los funcionarios federales y con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por ser el único que seguía el protocolo en el momento más crítico de la pandemia. Más allá de los comentarios y las tendencias en redes sociales Del Mazo mandó un mensaje claro de que se está tomando en serio la gravedad del Covid19, muy distinto al mensaje que transmiten los miembros del gabinete y el propio presidente. Tal vez por eso, según sus cercanos, el mexiquense ha registrado un repunte en las encuestas, aunque todavía tiene en frente el enorme reto de evitar que el Estado de México no se convierta en nuevo epicentro nacional de la pandemia, sobre todo por el enorme crecimiento de casos en la zona oriente del Valle de México… Y hablando de autoridades, en Michoacán algunos alcaldes juegan a hacer política en la emergencia sanitaria. Varios munícipes morenistas se resisten a sumarse a las disposiciones emitidas por el perredista Silvano Aureoles para contener los contagios por Covid-19 en el estado y los que pagan los platos rotos de sus diferencias políticas son sus habitantes. 600 casos positivos de coronavirus se ubican en municipios gobernados por Morena, incluida la capital Morelia, donde todavía a finales de abril, ya en fase 3 se realizaban fiestas, jaripeos y eventos deportivos, a pesar de los insistentes llamados de la autoridad estatal para evitar poner en riesgo a los michoacanos. Los resultados por esa rebeldía no tardaron en repercutir en la salud de las familias, como es el caso del municipio de Lázaro Cárdenas, gobernado por la morenista María Itzé Camacho Zapiain, donde hasta este martes se ubicacaba el 44.6 por ciento del total de los enfermos por Covid-19 en Michoacán. Que criminal jugar a la política en medio de esta pandemia…Por cierto que no todos en Morena tienen los mismos “datos” que el presidente López Obrador. Ayer el gobernador de Puebla Miguel Barbosa dijo que en su estado no hay condiciones para pensar ya en una reapertura de actividades como la que anunciará hoy el presidente. “No va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, estamos a 12 de mayo y sigue subiendo la curva (…) para nosotros será la tercera semana de junio cuando empecemos a bajar la curva si tenemos un comportamiento responsable y no lo que hemos visto hasta ahora”, dijo el gobernador morenista. Barbosa Huerta también aseguró que ninguna entidad federativa ha podido aplanar la curva de contagios, lo que indica que todos tomarían la misma decisión que él de extender el confinamiento. O sea que si el presidente tiene “otros datos”, Barbosa tiene “otros datos de los datos del presidente”… Los dados mandan Capicúa. Se repite el tiro.

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