En tan solo este año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ha recibido cuarenta y cuatro quejas contra el Interapas por posibles violaciones al derecho al agua, así lo aseveró Jorge Andrés López Espinosa, presidente de ese organismo autónomo.
López Espinosa explicó que “el derecho al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución”, esta garantía al suministro del líquido para todas las personas también abarca “el derecho al saneamiento”.
De las cuarenta y cuatro quejas recibidas en el año 2019 contra el Interapas, la mayoría han sido “por un corte arbitrario”, dijo, “son veintitrés por omitir, suspender o no garantizar el servicio de agua potable y drenaje”.
En este rubro López Espinosa recalcó que “si bien es cierto el agua tiene un costo, a ninguna persona se le debería de interrumpir el suministro para su consumo”, sin embargo esto no significa que la CEDH “promueva que el ciudadano moroso no pague el servicio, lo que pedimos al Organismos de Agua es, que sigan los procedimientos”, esto significa “sin cortes arbitrarios o intimidación a los consumidores”.
Porque, de acuerdo con el ombudsman, cada caso es particular: “hay gente que no paga porque enfrenta problemas de tipo económico”; también se han presentado nueve quejas por cobro injustificado o excesivo por el servicio de agua potable, cuatro por prestación indebida del servicio público, dos por omitir o cuartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente sustentable y también dos quejas por omitir dar respuesta a la petición formulada por personas.
López Espinosa informó que de ese total de quejas, la Comisión Estatal ya “emitió una recomendación que está en proceso de cumplimiento”, por hechos ocurridos en la Colonia Valle del Agave, donde se violentó el “derecho al saneamiento, por la contaminación del drenaje”.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también habló sobre un posible mal uso por parte del Interapas de los datos personales de los usuarios, mismos que se han entregado a despachos ajenos a la institución pública para lograr que los usuarios regularicen sus pagos.
“Los datos no deben de ser compartidos ni las bases de datos que tienen las autoridades”, dijo y señaló que la información privada debe de ser manejada conforme a “la Ley de Transparencia”, y aunque no existen quejas al respecto comentó que “si hubiese esto tendríamos que ver con la CEGAIP de qué manera se están manejando estos datos que deben de ser confidenciales”.
