La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí generó durante el 2018 diecisiete procedimientos relacionados con la reparación, seguro y mantenimiento de la flotilla de aeronaves que costó 44 millones 738 mil 263 pesos.
 
Estos gastos son independientes del combustible y de los sueldos del personal que opera los tres aviones y dos helicópteros. El informe de Auditoría al Poder Ejecutivo a la cuenta pública 2018 muestra los diversos números de procedimiento y montos, sin embargo omite los nombres de los proveedores favorecidos, un retroceso en el tema de transparencia generado por la Auditoría Superior del Estado.
Cabe recordar que cuando se dio el brutal gasolinazo en 2017 y que hizo reaccionar a todos los gobiernos estatales, Juan Manuel Carreras presentó el 12 de enero de ese año un supuesto Plan de Austeridad al que Ciudadanos Observando dio puntual seguimiento y se comprobó que fue simulación y engaño.
 
Juan Manuel Carreras dejó fuera de ese supuesto plan de austeridad la lujosa Casa de Gobierno y se negó a darle otro uso entre los que se proponía albergar varias oficinas de gobierno generando un ahorro de 5 millones de pesos. Pero jamás este tipo de comodidades serán cambiadas. Tampoco aceptó deshacerse de la insultante flotilla aérea y hasta hoy se aferra a mantener estos lujos donde con el dinero de los potosinos se destinan casi 45 millones en reparaciones y mantenimiento.
 
El mismo día que entregaron el oficio, los médicos colocaron una manta a la entrada del sanatorio ubicado en la calle Carlos Diez Gutiérrez, en la cual se lee: “Los médicos de este hospital estamos laborando bajo protesta, por las inadecuadas instalaciones y la escasez de material y equipo médico, que pone en riesgo a nuestros pacientes (sic)”.
 
En entrevista, médicos de base que solicitaron el anonimato por temor a represalias de los “nuevos” directivos de la clínica, sostienen que se requiere la urgente renovación integral del nosocomio o la construcción de un nuevo.
Precisaron que la directora, Rebeca Hernández Jiménez; la subdirectora administrativa, Karen Alejandra Chávez Cossío, y la jefa de recursos humanos, emprendieron una campaña de hostigamiento y persecución contra el personal médico desde el día que colocaron la manta.
 
Expusieron también que en ese nosocomio 108 médicos y unas 270 enfermeras atienden a 300 mil derechohabientes de todo el Estado, que en las condiciones actuales el hospital es obsoleto y anticiparon que “será un caos” con el traslado de las oficinas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Ciudad de México a San Luis Potosí.
 
Se estima que los derechohabientes de la SCT son unas siete mil familias en la Ciudad de México, con un promedio de cuatro integrantes cada una, lo que sumarían 28 mil. Recordaron que, además, se sumará el personal de confianza del Gobierno Federal de la dependencia porque a partir de este diciembre dejarán de recibir la prestación de servicio médico privado.
 
De las clínicas de Soledad de Graciano Sánchez, de la capital y del interior de todo el estado reciben pacientes “todos los días, como si este fuera un hospital de alta especialidad”.
 
Este jueves se reunirán con el sindicato “para tomar decisiones”, porque no han recibido respuesta a su oficio dirigido al director general y en reunión que sostuvieron este martes con Gabino Morales Mendoza, delegado de los Programas Integrales del Gobierno Federal, este sólo se comprometió a “investigar”.
—Con información de Ciudadanos Observando —
 
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